La Reforma Judicial estatal que deberá aprobar el Congreso de Jalisco, a más tardar el 14 de marzo del presente año, representa una alternativa distinta al modelo de la reforma federal aprobada el pasado mes de septiembre de 2024.
Lejos de la improvisación, imposición e insaculación pública aleatoria, Jalisco se encamina hacia un proceso de armonización con la reforma al Poder Judicial Federal. Se espera que, con la participación responsable de las fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo local, se desarrolle un proceso ordenado, objetivo y con criterios de evaluación homogéneos para facilitar la elección de los mejores perfiles que habrán de integrar el sistema de administración e impartición de justicia del Estado de Jalisco.
Han sido presentadas para análisis, deliberación y dictaminación de los diputados locales un total de cinco iniciativas: 3 emanadas de las fracciones parlamentarias de Morena, PAN y Hagamos; la presentada el 25 de febrero por el Gobernador del Estado, Pablo Lemus Navarro, así como la dada a conocer el 26 de febrero por el Poder Judicial de Jalisco. El grupo de legisladores de MC está evaluando el presentar la iniciativa que han trabajado, con la finalidad de complementar las otras iniciativas y mejorar aspectos de gestión presupuestal y creación de salas.
Jalisco optó por no confrontarse con los Poderes Federales del Ejecutivo y del Legislativo a través del recurso de inconstitucionalidad; la decisión fue la de ejercer su potestad soberana para armonizar su proceso de reforma estatal con la federal. Sin embargo, hay elementos que resaltar: se difiere el proceso de elección judicial hasta el 2027; se elimina el mecanismo aleatorio de selección de aspirantes (insaculación o sorteo mediante tómbola) y se opta por criterios de evaluación homogéneos basados en exámenes de oposición para elegir por voto popular a quienes los hayan aprobado. De momento, la única posición discordante con este enfoque gradual de implementación de la reforma proviene del grupo parlamentario de Morena que, si bien apoya la realización de ejercicios de evaluación, éstos no cuidan establecer criterios objetivos vinculantes para los aspirantes que propongan cada uno de los tres Poder Estatales, además que se adhiere a la posición oficial de su formación política para realizar la elección, cueste lo que cueste, en 2025.
Por lo inédito y novedoso de la iniciativa de reforma presentada por el Gobernador Lemus Navarro, conviene detenerse en los elementos distintivos que la caracterizan y que le imprimen un carácter plural, social, académico, técnico-jurídico y abierto a la construcción de consensos.
De entrada, como bien lo hizo ya notar el Gobierno de Jalisco, su conformación proviene de la celebración de 22 foros de consulta en los que participaron especialistas, representantes de la academia, el sector empresarial y de la sociedad civil. Se recibieron alrededor de 330 propuestas, lo que caracteriza la riqueza y pluralidad de esta iniciativa emanada de la sociedad civil.
Ciertamente, sienta un precedente singular para el resto de las entidades federativas, por lo que brevemente, se enuncian los ejes centrales de la reforma emprendida por Jalisco.
En primer término, están los planteamientos coincidentes de la reforma del Gobierno de Jalisco respecto de la reforma federal aprobada por Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión. Ambas reformas establecen la creación de un órgano de administración judicial; su Presidencia será rotatoria y paritaria; las remuneraciones de las y los integrantes del nuevo Poder Judicial estatal deberán ser siempre menor a quien detenta la Presidencia de la República; se creará un Tribunal de Disciplina Judicial que vendrá a sustituir a los Consejos de la Judicatura (federal y estatal); y, además, los tres Poderes del Estado podrán postular un número predeterminado de personas para cada Magistratura y Juzgado.
Las diferencias de alcance entre ambas reformas son: la iniciativa del Gobierno de Jalisco establece excepciones a la participación de ex – dirigentes de partidos y ex -candidatos de elección popular, mientras que la reforma federal no los restringe. La iniciativa presentada por el Gobernador de Jalisco no permite la participación de aspirantes que hayan sido sentenciados por delitos de violencia familiar, política, de género o por ser deudores alimentarios, y la reforma federal no los contempla. Los requisitos de práctica profesional de Magistraturas y Juzgados, la iniciativa del Gobierno de Jalisco los establece en 10 años y en cinco años, respectivamente; en los de la reforma federal aprobada en sólo 3 años para el caso de Magistraturas. Por último, ambas reformas contemplan la reelección de Magistraturas en cargos a desempeñar de 9 años, la del Gobierno de Jalisco una sola vez y la reforma federal cada vez que concluya su período.
En una segunda aproximación para caracterizar a la reforma judicial derivada de la iniciativa presentada por el Gobernador Lemus Navarro, amerita destacar los siguientes aspectos:
- Se elimina la insaculación pública (tómbola) para que los mejores perfiles que acrediten una sólida formación académica y una amplia práctica profesional puedan ser electos para ocupar un cargo judicial en el sistema estatal. No podrán participar aspirantes con suerte y sin mérito acreditado;
- Serán elegibles las y los aspirantes que alcancen las mejores calificaciones en los concursos de oposición, que apliquen las universidades del Estado;
- Se establecerán mecanismos para prevenir que los métodos de evaluación estén libres de afiliaciones políticas;
- Los criterios de selección de aspirantes serán homologados para la elección local, y los del nivel federal se normarán por lo establecido en la reforma constitucional de septiembre de 2024;
- Los integrantes del Comité Estatal de Selección no tendrán afinidad política para garantizar la participación de los mejores perfiles;
- Se propone un método único de evaluación, a partir de tres tipos de pruebas: la de conocimientos técnico-jurídicos; la psicométrica y psicológicas;
- Ningún aspirante podrá aspirar a cargo judicial si tiene sentencia firme por delitos de violencia familiar, política, de género o por resultar deudores alimentarios;
- Se respetará la paridad de género que garantice la proporción 50-50 para mujeres y hombres en juzgados y magistraturas;
- Las y los integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa se integrarán al proceso de elección local, preservando la autonomía operativa y presupuestal de dicho órgano jurisdiccional;
- Se conformará un listado de seis aspirantes por cargo, y
- Se propone que haya voto electrónico y desde el extranjero.
Habrá que seguir de cerca el debate parlamentario en el Congreso de Jalisco. Es mucho lo que está en juego en la reforma del Poder Judicial del Estado. Puede ser una ventana de oportunidad para que su Poder Judicial salga fortalecido y cumpla con su misión constitucional de interpretar y aplicar mejor las leyes con independencia, imparcialidad y certeza jurídica para salvaguardar los derechos humanos de la ciudadanía. El tiempo dirá si este diseño de implementación cumple con sus propósitos.
